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El anteproyecto de la nueva ley de Vivienda llegará este martes al Consejo de Ministros para ser aprobada, con lo cual después pasaría al trámite parlamentario, con la intención de que sea aprobada como proyecto de ley “antes de que termine el año”.
Una de las medidas estrella es el establecimiento de “zonas tensionadas” donde se establecerían controles de precios en los alquileres para así limitarlos y que no sea posible su encarecimiento.
Otra medida de la ley es la ampliación a todo el Estado del modelo que obliga a reservar el 30% de nuevos desarrollos inmobiliarios a pisos sociales, que ya se aplicaba en Barcelona.
Esto puede llegar a dificultar la venta de viviendas y conllevar así a la paralización de la inversión, algo que se ha dado en Barcelona y que se buscaría evitar con compensaciones como la cesión de suelo en otra ubicación.
Otro de los puntos más novedosos es el concepto de "vivienda asequible incentivada", necesaria para incrementar la oferta a corto plazo con precio asequible.
Esto quiere decir que a cambio de alquilar la vivienda a precios reducidos a personas con ingresos bajos, se otorgaran beneficios de carácter urbanístico, fiscal, o de cualquier otro tipo.
Otro de los cambios que habrá es la posibilidad de los ayuntamientos a realizar un recargo del IBI a las viviendas vacías en zonas tensionadas, recargo que podrá alcanzar hasta el 150%. De esta manera habrá menos pisos vacíos y aumentará la oferta de ellos en el mercado.
El incremento mínimo para pisos desocupados será del 50% cuando sin causa justificada la vivienda lleve más de dos años vacía y pertenezca a un propietario que tiene cuatro o más inmuebles de uso residencial.
Otra de las medidas destacadas impulsadas desde el Gobierno es un bono para jóvenes que costeará el pago del alquiler con una ayuda de 250 euros mensuales.