La ley de la eutanasia, una ley necesaria

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“Nada mejor que vivir cuando se quiere vivir, pero nada peor que vivir cuando se quiere morir”. Cuando una sola frase como la del portavoz del PNV en el Congreso expresa de forma tan precisa el sentido de la Ley de regulación de la eutanasia, cualquier explicación posterior puede ser inútil, pero intentaré que no lo sea.



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1. La ley permite, pero no obliga.

Sin querer, ni poder, por ignorancia, entrar en análisis jurídicos creo que hay dos tipos de leyes: las que obligan y las que permiten. Esta que se tramita en el Congreso pertenece claramente al segundo grupo porque permite a todos/as, pero no obliga a nadie.


Se trata del derecho a respetar la autonomía y voluntad de las personas. La ley ahorrará muchos sufrimientos, incluso deberíamos estar hablando no del “derecho a morir” sino del “derecho a escoger cómo vivir el momento de la propia muerte”.


El afectado, entre otras muchas garantías, podrá ejercer su derecho “sin ninguna presión externa” conociendo las diferentes alternativas, podrá cambiar su decisión en cualquier momento y retrasar su aplicación el tiempo que quiera.


2. La ley no se contrapone a los cuidados paliativos.

Hay consenso en que uno de los objetivos de la medicina en el siglo XXI, además de prevenir y curar, es “ayudar a las personas a paliar el dolor y el sufrimiento, sobre todo al final de la vida”. Hay enfermedades in-curables, pero no debe haber enfermedades in-cuidables.


Los cuidados paliativos pueden evitar la desesperación y las ganas de morir de mucho enfermos incurables. Por eso la atención paliativa en el final de la vida debe ser accesible de forma universal y, por tanto, deben comprometerse recursos públicos suficientes para conseguirlo.


Pero aquella persona que, con situación clínica grave y sufrimiento insoportable, en función de sus creencias, sus valores y en pleno uso de su autonomía desee disponer de su propia vida debe poder hacerlo.


3. La ley impedirá casos como los del Dr. Luís Montes o Ángel Hernández.

El Dr. Luís Montes, coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa en Leganés, en 2005 fue investigado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por dos denuncias anónimas en las que se le acusaba de “sedaciones en dosis elevadas” a enfermos terminales. El caso fue sobreseído en 2008. Pasó un calvario de 3 años.


Ángel Hernández está imputado por ayudar a morir a su esposa —María José Carrasco— afecta de una enfermedad crónica degenerativa e incurable. El juicio se celebrará en 2021 y la fiscalía solicita seis meses de prisión para él. Al dolor por su esposa ha de añadir ahora el de verse investigado por… “violencia de género”.


Finalmente, la ley ahorrará mucho sufrimiento a muchas personas. Seguramente se pedirán pocas, pero se beneficiará toda la sociedad. En palabras del propio A. Hernández “la ley nos hará más libres y felices”.


Pepe Saavedra López

Metge jubilat


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