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La ministra de Igualdad, Irene Montero (mujer de Pablo Iglesias), ha anunciado en el Congreso de los Diputados la inminente derogación de la Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2015 con el objetivo de garantizar el derecho de "todas las mujeres a decidir libremente" sobre su cuerpo y su maternidad.
De esta forma el Ejecutivo comienza los trabajos para derogar la reforma de la ley de interrupción del embarazo de 2015 y permitir, así, que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin contar con el permiso de sus padres.
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La ley que ahora pretende revisar el Ejecutivo establece la posibilidad de abortar libremente durante las primeras 14 semanas de embarazo. Posteriormente, hasta la semana 22 de gestación, si se da alguno de los dos supuestos siguientes: que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, o que exista riesgo de graves anomalías en el feto.
Junto con esto, otro de los grandes titulares en los periódicos de hoy era “El juez pide al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por denuncia falsa en el caso Dina” “El juez envía a Iglesias al Supremo por un «uso torticero» de la Justicia”
Y es que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón enumera de forma detallada, a lo largo de 63 páginas, los indicios recopilados contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por la presunta comisión de delitos de denuncia falsa y/o simulación delito, descubrimiento y revelación de secretos -con agravante de género- y delitos de daños informáticos en el denominado caso Dina.
El juez llegó a la conclusión de que Iglesias sabía desde el principio que los pantallazos publicados por «OkDiario» que le dejaban de machista los había enviado Bousselham.
Con este punto de partida, expone que hubo una «consciente y planificada actuación falsaria» para obtener «rédito electoral, aparentando ser víctima».
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