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La Ley Orgánica de Modificación de la LOE, la nueva reforma educativa impulsada por la ministra Isabel Celaá, elimina el castellano como lengua vehicular en la educación, es decir, el castellano ya no tendrá que ser la lengua principal usada en otras asignaturas que no sean la de “lengua castellana”, y podrá usarse como lengua principal la de dicha autonomía, como el catalán.

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La enmienda dice así en su actual reforma, que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».
Según el Gobierno, lo que propone la ley es que sean las comunidades autónomas las que decidan qué lengua es vehicular en su territorio, al mismo tiempo que se garantiza la enseñanza del castellano. El objetivo del PSOE, Podemos y ERC con la Lomloe ha sido blindar la inmersión lingüística.
Sin embargo, ha causado rechazo entre los principales partidos de la oposición, que han avanzado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional por lo que consideran un intento de liquidar el castellano en la educación. Si progresa de forma positiva se eliminaría las referencias sobre esta cuestión y, en concreto, la siguiente frase: "El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable".
El PSOE defendió que la reforma educativa garantizará que los alumnos de comunidades autónomas con lengua cooficial adquieran competencias "por igual" del castellano y de la lengua correspondiente.
Mientras que la portavoz de Educación, Luz Martínez Seijó, remarcó que se busca asegurar "el derecho a estudiar y a aprender ambas lenguas por igual", y en el "caso hipotético" de que se detectase un desequilibrio se establecerán "medidas compensatorias".
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